Javier Allúe: "Si un proyecto puede traer futuro a Aragón, trabajamos hasta conseguirlo"
Javier Allúe, portavoz del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, ha estado respondiendo a las preguntas de Aragón Liberal sobre la futura ley de aguas que se plantea para la comunidad autónoma de Aragón. Explica además, las razones por las que sería útil su implantación y se muestra optimista a pesar de los problemas surgidos en Catalunya con un asunto de la misma índole relacionado con el río Segre.
Aragón Liberal: ¿Cuál es el fin último de la proposición de esta ley de aguas? Javier Allúe: Sin duda que Aragón pueda gestionar el agua, su principal recurso natural. Queremos que Aragón pueda ejercer las competencias que ya ejercen Andalucía sobre el Guadalquivir o las que actualmente negocia Castilla y León sobre el Duero. En el PAR entendemos que el agua es una necesidad para el desarrollo social y económico de Aragón. Por eso, ya que constituye un recurso fundamental, debe ser gestionado para equilibrar territorialmente Aragón. Entendemos que su gestión debe plantearse desde una perspectiva aragonesa para reducir las diferencias de desarrollo entre las distintas comarcas de Aragón. Hemos propuesto, también, la creación de la Agencia Aragonesa del Agua como organismo gestor de la reserva hídrica del Ebro. JA: La proposición de ley de Aguas y Ríos de Aragón desarrolla los preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía en materia de aguas. De hecho, el artículo 19 del Estatuto garantiza el derecho de los aragoneses a disponer del "abastecimiento de agua en condiciones de cantidad y calidad suficientes para atender sus necesidades presentes y futuras, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de actividades sociales y económicas que permitan la vertebración y el reequilibrio territorial de Aragón". Y esto es lo que queremos. Ese artículo, al ser un derecho reconocido en el Estatuto, obliga a los poderes públicos aragoneses a desarrollar una política regional cuyos objetivos se definen en la presente ley de Aguas y Ríos de Aragón. Estos objetivos son, entre otros, garantizar el abastecimiento de agua a todas las poblaciones de Aragón, potenciar la producción agrícola en regadío e impulsar otras actividades económicas vinculadas con el agua, entre ellas, las energías renovables, las actividades industriales, la realización de prácticas deportivas-turísticas, así como el conocimiento científico y la innovación tecnológica en relación con el agua. AL: ¿Se le asignarán nuevas competencias a la comunidad? ¿No hay ninguna ley que impida realizarla o con la que choque, es decir, que la haga incompatible? JA: La proposición de ley también prevé la creación de la Comisión de Autoridades Competentes de Aragón, adscrita a la Agencia Aragonesa del Agua, para garantizar la adecuada cooperación interadministrativa en la aplicación de las normas de protección de las aguas en el ámbito territorial de Aragón. La Comisión de Autoridades Competentes podrá integrar a representantes de la Administración del Estado, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las entidades locales aragonesas. Por otro lado, la ley prevé la Comisión Aragonesa del Agua como órgano colegiado de la Agencia Aragonesa del Agua, de carácter consultivo y de participación social. Esta comisión mantendría la composición de la actual Comisión del Agua de Aragón, que ha servido como cauce de diálogo, participación y entendimiento en las cuestiones hídricas en el territorio. AL: El cambio de Instituto de Agua de Aragón a Agencia Aragonesa de Aguas ¿Es algo más que solo un mero cambio de nombre? JA: La ley plantea la creación de la Agencia Aragonesa del Agua, una Administración hidráulica aragonesa que asumirá las actuales competencias del Instituto del Agua de Aragón, principalmente en depuración, que gestionará la reserva hídrica del Ebro y que planificará, programará y ejecutará las infraestructuras del agua de interés de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Agencia Aragonesa del Agua estará adscrita al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de agua y será la encargada de desarrollar las Bases de la Política del Agua en Aragón. Entre las funciones que ejercerá la Agencia Aragonesa del Agua destacan la tramitación y resolución de las concesiones de aguas, la autorización de las cesiones de uso, la autorización y control de vertidos, las obras hidráulicas, la gestión de los embalses de interés autonómico o la policía de aguas y cauces, además de cuestiones de planificación y ordenación hidrológica, todo ello en coordinación con el Estado y conforme a la Planificación hidrológica estatal y la unidad de cuenca. AL: Teniendo en cuenta la situación por la que estamos pasando actualmente ¿resulta viable la creación de una policía nueva como sería la policía de aguas? JA: Sí. Está reflejado en el artículo 62 del capítulo IV (protección del dominio público hidráulico) que la función ejecutiva de la policía de aguas y cauces en el territorio de Aragón corresponderá a la Agencia Aragonesa del agua en los términos establecidos por la legislación estatal. AL: Actualmente el artículo 72.3 del estatuto de Aragón ya se refiere al informe que tendrá que elaborar el gobierno de Aragón para las obras en cuencas hidráulicas ¿no es algo similar a su propuesta? JA: Efectivamente, la ley regula el informe previo y preceptivo de la Comunidad Autónoma sobre obras hidráulicas estatales, transferencias de aguas y trasvases que afecten a Aragón, tal y como está previsto en el artículo 72.3 del Estatuto en garantía del principio de unidad de cuenca. Pero además, el texto establece que dicho informe será emitido por el Gobierno de Aragón, en el plazo de dos meses desde su solicitud por parte de la Administración del Estado. He de decir que, para elaborar este informe, el Gobierno de Aragón contará con los dictámenes de la Agencia Aragonesa del Agua, del Consejo de Ordenación del Territorio y de la Dirección General de Servicios Jurídicos. Estos tres dictámenes serán estudiados por la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, que elevará al Gobierno de Aragón una propuesta de informe. AL: ¿Consideran que el gobierno estatal les dejará propugnar la ley después de no haber dejado a Catalunya coger agua del Segre? JA: Si a nosotros nos parece que un determinado proyecto o iniciativa puede traer porvenir y futuro a Aragón, no dude que trabajamos hasta conseguirlo. Nuestra responsabilidad como partido territorial que defiende los intereses de Aragón y los aragoneses está en presentar iniciativas y proyectos para que vean la luz. Ahora bien, en política los tiempos y los resultados no siempre mantienen el perfecto equilibrio que nos gustaría; sin embargo le diré que me siento orgulloso de mi partido, de su trabajo y de sus logros le cueste el tiempo que le cueste obtenerlos. Dinópolis, Walqa, Motorland, la Radio y TV autonómicas, por citar algunos ejemplos significativos, no hubieran visto la luz si el PAR no hubiera estado en los sucesivos gobiernos autonómicos. Y esto es una realidad.
AL: ¿Qué consecuencias traería para la comunidad autónoma de Aragón?
La ley de Aguas y Ríos no es incompatible con otras.
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Aragón Liberal
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