El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la UE que representa al conjunto de la Sociedad Civil, ha adoptado recientemente su dictamen sobre la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. La aprobación del texto por unanimidad no puede ocultar las dificultades y complejidades que subsisten en este momento clave del debate sobre qué tipo de actuaciones deben llevarse a cabo para garantizar un correcto funcionamiento de la cadena de valor.
Desde hace algunos años la actividad en el ámbito de la cadena alimentaria se ha intensificado en instancias nacionales y comunitarias a través de numerosos informes, recomendaciones, conclusiones.... y el diagnóstico no deja lugar a ninguna duda. La falta de transparencia, la pérdida de competitividad, las prácticas anticompetitivas y desleales, la especulación, el escaso poder de negociación del agricultor, la venta generalizada por debajo de los costes.... Son, por desgracia, ingredientes básicos de la cadena alimentaria actual. Los análisis de la Comisión Europea ponen de manifiesto sin ninguna ambigüedad, y huyendo de la tradicional "jerga comunitaria", la necesidad de una intervención pública valiente y decidida.
Sin embargo, no basta con constatar una situación que se repite sistemáticamente y que amenaza la supervivencia del "modelo agrícola europeo" sino que resulta imprescindible actuar con urgencia dando un paso hacia delante, "pasando de la supervisión a la acción".
Con ocasión de la campaña electoral a cámaras agraria de Cataluña pude conocer a Pedro Narro, un joven manchego que trabaja en Bruselas para una OPA. Algunos de sus trabajos me han servido para introducirme en el dictamen del CESE.
En el citado dictamen el CESE señala que el éxito de las iniciativas a desarrollar en materia de cadena alimentaria dependerá en gran medida del grado de implicación de la Comisión Europea, los Estados miembros y del conjunto de los actores de la cadena alimentaria. La tarea no es sencilla, no se trata de identificar buenos y malos, pero debe prestarse una atención prioritaria al eslabón más débil de la cadena: los agricultores.
La apuesta por la autorregulación y los acuerdos voluntarios ha mostrado enormes lagunas en su aplicación. El incumplimiento sistemático de la mayoría de acuerdos concluidos y la ausencia de controles han lastrado el éxito de muchas iniciativas loables pero con nula o escasa eficacia.
Por todo ello, el CESE, consciente de esta situación, aboga por reforzar el marco contractual introduciendo cláusulas obligatorias y la posibilidad de estipular la obligatoriedad de redactar contratos escritos entre las partes con objeto de evitar prácticas tan nocivas y extendidas como la venta a resultas.
En relación a los códigos de buenas prácticas, el CESE se une a las propuestas de otras instituciones reclamando un mecanismo efectivo de control y sanción que podría articularse a través de figuras como el "ombudsman" (defensor) desarrolladas en el Reino Unido.
A pesar de las reticencias del comisario de competencia, Joaquín Almunia, ante las lógicas reivindicaciones del sector, existe un clamor popular que he notado recoge el CESE en su documento sobre la pertinencia de adecuar el derecho de la competencia a las necesidades específicas del sector agrícola.
Estos cambios en la legislación comunitaria y nacional serían fundamentales para armonizarla implementación nacional de las normas de competencia y contribuir a la necesaria seguridad jurídica de los operadores que participan en la cadena de valor.
Es necesario un cambio de mentalidad en el derecho de la competencia para que no se limite a garantizar un precio bajo al consumidor y ponga los cimientos para garantizar al agricultor un precio justo por sus productos.
Aumentar la transparencia en la cadena alimentaria es un objetivo necesario y deseable, sin embargo, la proliferación de observatorios de precios en la UE puede distorsionar la percepción del consumidor si se limitan a constatar precios y se les priva de capacidad para reaccionar con rapidez ante posibles distorsiones en la evolución de los precios. Lograr la transparencia implica el trabajo conjunto y una alianza estratégica entre consumidores y agricultores, principales víctimas del "lado oscuro" de la cadena.
La atomización de la oferta y la fuerte concentración de la demanda condicionan el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria, pero la Comisión Europea sigue mostrando una alarmante falta de ideas que se suple con el recurso dialéctico a las organizaciones de productores.
Los próximos meses demostrarán si más allá de reiteradas declaraciones de intenciones, las autoridades nacionales y comunitarias son conscientes de lo que está en juego y articulan las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, garantizando un precio justo a los agricultores.
Desde el CESE advierte en su dictamen que no renuncian a un moderado optimismo. Apostar por el cambio en la cadena de valor no implica un esfuerzo presupuestario adicional sino simplemente la voluntad política necesaria.
Jesús Domingo
--
Aragón Liberal
0 comentarios:
Publicar un comentario