Por: Jesús Domingo
El comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha presentado hoy, 12 de octubre, sus proyectos legislativos sobre la reforma de la PAC. Esas propuestas podrían dar lugar a un debate muy acalorado a nivel nacional ya que el Gobierno español, así como los gobiernos regionales, tendrán que enfrentarse a nuevas ecuaciones para la distribución de las ayudas, de la que muchos podrían salir perdiendo. La reforma trae consigo un cambio en profundidad del régimen de ayudas que rige actualmente en nuestro país como consecuencia de la desaparición del criterio histórico utilizado para determinar los pagos por explotación y la introducción progresiva de pagos uniformes.
La dotación presupuestaria prevista por la Comisión para la PAC supone una congelación de las partidas existentes (ya que han sido calculadas a precios constantes, es decir, sin tener en cuenta la inflación), lo que se traduce, sin embargo, en la práctica, en un recorte en términos reales de más del 11 por ciento.
En la negociación de esta reforma, España podría tener mucho que perder pues la PAC es la primera fuente de ayudas europeas para nuestro país, que es, a su vez, el segundo beneficiario de ese capítulo del presupuesto europeo, con unos 7.200 millones de euros anuales, después de Francia. En medio de la crisis económica, algunos países, como Alemania y Francia, están manifestando fuertes reticencias a tomar cualquier decisión sobre el futuro de esta política antes de negociar la reforma del presupuesto europeo.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión en el reparto de las ayudas directas entre los Estados miembros se toma como base el principio de que aquellos países que disponen de una ayuda por hectárea inferior al 90 por ciento de la media comunitaria verían reducida en un tercio esa diferencia. El objetivo perseguido es, por lo tanto, reequilibrar los pagos destinados a los productores de los distintos países miembros. El sobre nacional para España hasta el 2019 equivaldría aproximadamente al volumen de ayudas que recibe en la actualidad en precios constantes, es decir, en torno a 5.000 millones de euros (cantidad, que junto con los fondos para medidas de mercado, unos 800 millones de euros, constituyen el primer pilar de la PAC).
En cuanto al segundo pilar de la PAC, la Comisión no propone ninguna redistribución de los fondos entre los Estados miembros, aunque la política de Desarrollo Rural también se vería afectada por el recorte generalizado en términos reales.
De mantenerse el presupuesto previsto por la Comisión, el gran desafío para España no es tanto preservar el escaso presupuesto actual, sino proceder a un reparto sin ajustes traumáticos entre regiones, sectores y agricultores. Por otra parte, también está en el aire el volumen de tierras elegibles, pues éste podría aumentar de los 18 millones de hectáreas que actualmente tienen derecho a ayuda a unos 24 millones que representa la superficie agrícola útil en nuestro país. La incorporación de nuevas hectáreas al pago único supondría una reducción del montante unitario por hectárea.
El nuevo régimen de pagos estará compuesto de una ayuda uniforme de base - de acuerdo con el cálculo realizado por la Comisión Europea la media nacional sería de 120 euros-. Esa ayuda podrá ser completada con pagos adicionales destinados principalmente a favorecer una mayor implicación del agricultor en el respeto del medio ambiente, el acceso de los jóvenes a la actividad agrícola, y el apoyo a las regiones con hándicaps naturales.
La Comisión propone un giro sustancial en el régimen de ayudas directas con la supresión progresiva, hasta el 2019, del criterio histórico para el cálculo de las mismas, lo que podría entrañar recortes sustanciales en las producciones que actualmente tienen elevados rendimientos y, por lo tanto, reciben ayudas muy altas, como es el caso del aceite de oliva, el arroz, el azúcar, y perjudicar asimismo a las producciones ganaderas intensivas sin base territorial. Para las producciones ganaderas la única solución que se vislumbra es el establecimiento de pagos acoplados, pero a éstos sólo se podrá destinar hasta el 10 por ciento del sobre nacional. Ese porcentaje, no obstante, podrá ser mayor si el Estado miembro justifica debidamente ante la Comisión Europea una demanda en ese sentido.
La Comisión Europea se compromete en su propuesta a estudiar una uniformización de los pagos directos en toda la Unión Europea de cara a las perspectivas financieras que comenzarán a partir del 2021 .
La propuesta establece una definición de agricultor activo que, en la práctica, tal y como ha sido formulada, supone prácticamente el "status quo" ya que tendría un impacto muy limitado pues deja fuera del alcance de esa disposición a las explotaciones con un volumen de ayudas inferior a los 5.000 euros, es decir, al 80 por ciento de los agricultores de la Unión Europea.
Por otra parte, establece un régimen de ayudas simplificado para los pequeños agricultores que perciban menos de 1.000 euros de subvenciones, ahorrándoles el gasto administrativo que supondrá el nuevo abanico de pagos directos propuesto por Bruselas. Dentro de esta categoría figura el 44 por ciento de las explotaciones en nuestro país.
Las ideas propugnadas por la Comisión implican en general mayores cargas administrativas para los agricultores y ganaderos, como consecuencia de la complejidad del nuevo sistema de pagos directos y la aplicación de nuevos requisitos medioambientales, que se sumarían a las fuertes exigencias ya en vigor. El denominado "reverdecimiento" de las ayudas que propone la Comisión, en virtud del cual, el 30 por ciento de los pagos quedaría condicionado a la realización de una serie de prácticas con fines medioambientales, sería de difícil aplicación y entrañará fuertes costes para el agricultor. De salir adelante la propuesta del Ejecutivo comunitario, muchos productores podrían decidir no optar por la ayuda al reverdecimiento ya que no compensaría el gasto añadido. Este es uno de los puntos más criticados de la propuesta de la Comisión Europea, en la que determinados requisitos serían a veces impracticables, como la obligación de introducir como mínimo tres cultivos distintos, lo que en explotaciones de pequeñas dimensiones no sería factible económicamente. Tampoco lo sería retirar de la producción agrícola el 7 por ciento de las tierras. Se trata de una propuesta cuya única finalidad es vender, de cara a la vitrina, que la PAC es una política respetuosa con el medio ambiente, como si no fueran suficientes las exigencias que ya debe de cumplir el agricultor a través del principio de la "condicionalidad". El llamado "reverdecimiento" tiene como finalidad "legitimar" la PAC, de acuerdo con los argumentos del comisario europeo.
El Ejecutivo comunitario no prevé además medidas eficaces para hacer frente a la fuerte volatilidad de los precios, y no sólo no refuerza sino que pretende debilitar los instrumentos de intervención en vigor. Las medidas de gestión del mercado se financiarían a través de un fondo separado, al margen de presupuesto de la PAC, cuya movilización requeriría el acuerdo por co-decisión del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo, lo que imposibilitará actuar en tiempo real en caso de crisis de mercado. Se trata de un fondo de crisis extra presupuestario, de 3.500 millones de euros, según la propuesta de la Comisión Europea sobre la reforma del presupuesto de la UE.
La reforma de la PAC planteada por Bruselas deja algunos flecos pendientes, que afectan, por poner un ejemplo, al sector del vino. Las propuestas no modifican la fecha del 2016 prevista para la supresión de los derechos de plantación, pero el comisario ya se ha comprometido a presentar el próximo año un informe sobre los resultados de la última reforma en este sector. Tras dicho informe, un número creciente de países miembros espera que la Comisión presente una propuesta para derogar la decisión de eliminar los derechos de plantación, medida a la que se opone prácticamente todo el sector productor europeo.
JDM
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