Es un hecho indiscutible que la actual normativa comunitaria en relación con el bienestar y sanidad animal, el medio ambiente, los organismos modificados genéticamente y los productos fitosanitarios están generando a los productores y a las industrias, unos costes adicionales elevados a los que no tienen que hacer frente sus homólogos de fuera de la Unión Europea (UE). Tal vez por ello y como regente de la Presidencia Europea, el Ministerio de Medio rural ha preparado un informe sobre el impacto de estas normas comunitarias en la competitividad del sector agrario y agroalimentario.
No obstante el informe preparado por el MARM señala que para mejorar la competitividad del sector productor, la política agraria debe incidir activamente en tres líneas básicas: el marco normativo, la reciprocidad de los acuerdos comerciales internacionales y la adecuada retribución de los agricultores y ganaderos.
En cuanto al marco normativo, de ahora en adelante se debería ir con cautela antes de aplicar nuevas exigencias que supongan costes adicionales para los productores, a no ser que haya una sólida base científica y una fuerte demanda del consumidor, que los justifique y esté dispuesto a pagarlos.
En relación con los acuerdos comerciales internacionales, las cuestiones no comerciales como (sanidad, bienestar y alimentación animal, trazabilidad, uso de fitosanitarios y medicamentos veterinarios) deberían ser requisitos exigibles a los productos procedentes de terceros países. En los acuerdos comerciales debería primar la reciprocidad y el equilibrio.
Para conseguir una adecuada retribución de los productores se tendría que actuar en dos vías, la del precio y la del apoyo directo. La vía del precio tiene que conseguirse mediante la diferenciación y valorización de los productos comunitarios. Para ello, es preciso contar con un etiquetado sencillo y que no suponga un coste añadido, una información veraz al consumidor del modelo agrario europeo y un equilibrio de fuerzas en la cadena alimentaria. Hemos sabido que la Comisión y el Parlamento se oponen a que los alimentos lleven una etiqueta identificativos sobre el origen de los componentes.
Como la valorización comercial normalmente no va a ser suficiente para compensar los costes más elevados a los que tienen que hacer frente los productores comunitarios, sería necesario articular ayudas que fueran compatibles con la OMC.
En este contexto la Comisión Europea (CE) acaba de publicar un estudio sobre la agricultura y el mundo rural en el escenario de 2020, que actualiza el presentado en diciembre de 2006. El informe identifica el posible impacto de las actuales fuerzas políticas y económicas sobre el medio rural del futuro, incluyendo los previsibles cambios en su población, agricultura y economía en general.
El estudio identifica varios puntos clave en la evolución de los mercados agrarios de la UE en el horizonte 2010:
- Mayor segmentación dentro del mercado comunitario por el mayor coste de transporte.
- Menor superficie cultivada de cereales por el efecto conjunto de descenso de precio y el aumento de rendimiento.
- Mayor concentración de las producciones de leche, porcino y aves, así como menor producción de vacuo de carne.
- La demanda de oleaginosas vendrá liderada por los biocombustibles y no por la alimentación.
El estudio también señala que va en aumento la diversidad de la producción agraria dentro de la UE, con áreas rurales no estables en las que cada vez va a ser menor la presencia de la agricultura como actividad principal, en definitiva: Un escenario con menos hectáreas de cereales y mayor concentración ganadera.
Por ello la CE ha propuesto una nueva estrategia económica para Europa, "Europa 2020", cuyo objetivo es salir de la crisis y preparar la economía de la UE de cara a la próxima década.
"Europa 2020" identifica tres motores clave del crecimiento que deberán ponerse en marcha a través de acciones concretas en el ámbito nacional y de la UE: crecimiento inteligente (impulsar el conocimiento, la innovación, la educación y la sociedad digital); crecimiento sostenible (fomentar una producción más eficiente en cuanto a los recursos a la vez que impulsar nuestra competitividad); y crecimiento integrador (aumentar la participación en el mercado de trabajo, la adquisición de cualificaciones y la lucha contra la pobreza).
En este sentido, fija cinco objetivos que definen lo que la UE deberá conseguir en 2020 y los criterios de referencia para medir los progresos realizados: el 75 por ciento de la población de 20 a 64 años de edad deberá tener empleo; el tres por ciento del PIB de la UE deberá invertirse en I+D; se alcanzarán los objetivos "20/20/20" en el ámbito del clima/la energía; la tasa de abandono escolar deberá ser inferior al 10 por ciento y por lo menos el 40 por ciento de los jóvenes deberá tener una cualificación o un diploma; y habrá 20 millones de personas menos expuestas al riesgo de la pobreza. Veremos como se compaginan estos objetivos con la recuperación de la agricultura y de la ganadería.
Jesús Domingo Martínez
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