El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Economía Sostenible
Sevilla, viernes, 19 de marzo de 2010
El Consejo de Ministros, reunido en Sevilla, ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, cuyos ejes principales son la sostenibilidad ambiental y la mejora del entorno económico y de la competitividad. También ha acordado ampliar las medidas para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.
El objetivo fundamental de la Ley de Economía Sostenible es "contribuir al cambio de nuestro modelo productivo", según ha asegurado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha celebrado de manera conjunta con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
La Ley supone una profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y un nuevo paso en la modernización de la economía española. A través de medidas horizontales, que se aplican tanto a agentes públicos como privados se pretende mejorar la posición de salida de la crisis y reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles.
"Tenemos que seguir impulsando aquellos sectores empresariales innovadores, competitivos, que generan alto valor añadido", ha dicho el Presidente, "aquellos en los que ya tenemos una capacidad de liderazgo, que tienen que ampliarse en número y crecer en tamaño". Rodríguez Zapatero ha citado los sectores de "las energías renovables, de la biotecnología, el agroalimentario, el de la innovación del automóvil y el aeronáutico".
Según el presidente del Gobierno, la Ley de Economía Sostenible "significa un modelo de crecimiento más equilibrado, con más peso del sector industrial y de los sectores innovadores y con un alto componente tecnológico; significa saber aprovechar la necesidad de hacer un uso más racional de los recursos naturales; significa trabajar mejor, nuevas pautas de organización, más eficiencia tanto en las Administraciones Públicas como en las empresas y significa una formación continua a lo largo de toda la vida laboral".
José Rodríguez Zapatero ha apuntado los cuatro aspectos fundamentales de la Ley: "Mejoras en el marco regulador de la actividad económica; medidas en el ámbito energético y el impulso a la sostenibilidad ambiental; medidas de normalización y racionalización del sector de la vivienda y medidas de fomento a la innovación y mejora de la formación".
La Ley se complementa con la inclusión de dos fondos de financiación e inversión en actividades clave para el desarrollo de la economía sostenible, operativos desde enero: el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con cinco mil millones de euros y el Fondo de Economía Sostenible de veinte mil millones.
Esta Ley es la pieza clave de la Estrategia para la Economía Sostenible, en la que se incluyen una serie de iniciativas que ya han sido puestas en marcha por el Gobierno en los últimos meses. Entre ellas cabe destacar la propuesta de reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones, el Plan de Austeridad, la Ley de Mediación y Arbitraje, la Ley de Ciencia, la Reestructuración de las líneas del ICO, la Reforma del Registro Civil o el Plan de Prevención contra el Fraude.
Documento para el consenso
El Presidente ha anunciado que, a la vista del diálogo, las propuestas y sugerencias recibidas a través de la Comisión que encabeza la Vicepresidenta Segunda, el Ejecutivo está ultimando "un documento de síntesis que se enviará la próxima semana a los grupos parlamentarios con el fin de que sea la base de un Decreto-ley que el Gobierno quiere aprobar si cuenta con el respaldo suficiente y el consenso necesario".
El Decreto-ley contendrá las medidas más urgentes de apoyo al crédito, a la rehabilitación de vivienda y al empleo, aquellas que los diferentes grupos han considerado más necesarias en este momento.
Medidas urgentes para paliar los daños producidos por fenómenos meteorológicos
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía el ámbito de aplicación de la Ley 3/2010, de medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales.
El Gobierno destinará más de 149 millones de euros en obras de urgencia para paliar los efectos que los temporales han provocado en las playas españolas. La inversión se empleará en obras de conservación y mantenimiento del litoral para llevar a cabo la reparación de infraestructuras costeras, movimientos internos de arena, aportaciones externas y otras actuaciones que permitan hacer frente a los efectos del temporal.
Las principales actuaciones que se están realizando con tramitación de emergencia se llevan a cabo en la Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, País Vasco, Andalucía, Asturias, y Canarias.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un Acuerdo sobre actuaciones de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios (ENESA) en producciones agrícolas y ganaderas a consecuencia de las tormentas y los incendios registrados en 2009 y 2010. ENESA convocará ayudas destinadas a agricultores y ganaderos que, teniendo contratada una póliza de seguro, hayan sufrido daños que no estén amparados por la misma. Las indemnizaciones por temporales e incendios ascenderán a 130 millones de euros.
Además, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se reduce de 35 a 20 el número de jornadas reales cotizadas que se exigirá a los trabajadores afectados por las inundaciones registradas en Andalucía y Extremadura para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria.
También se destinarán más de 126 millones de euros para reparar los daños en infraestructuras y transportes en Andalucía. Según estima el Ministerio de Fomento, la reparación de los desperfectos en la red de ferrocarriles supondrá un coste de 73 millones de euros y los arreglos en la red viaria ascenderán a 53 millones.
LAS ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS PROPONEN CAMBIOS PARA UNA LEY DE ECONOMÍA "REALMENTE" SOSTENIBLE
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF pedirán una reforma sustancial del Proyecto de Ley para que suponga un verdadero avance hacia la sostenibilidad ambiental y social. Para ello presentan hoy un documento conjunto con sus propuestas, que harán llegar al Gobierno y los grupos parlamentarios.
Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han presentado hoy un documento titulado Propuestas ecologistas para una Ley de Economía REALMENTE Sostenible (1), coincidiendo con la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley y que será remitido en unos días al Congreso para su debate parlamentario. Este documento, que las organizaciones ecologistas presentarán a los grupos parlamentarios, ha sido elaborado con el ánimo de contribuir a dicho debate y conseguir una Ley realmente útil y efectiva para el fin anunciado por el Gobierno. Por ello los autores han realizado una valoración del texto presentado previamente por el Gobierno sobre algunos de los aspectos que consideran prioritarios para avanzar hacia una economía sostenible: fiscalidad verde; cambio climático; energía; transporte y movilidad sostenible; urbanismo y vivienda, y presentan propuestas concretas en cada uno de estos ámbitos, esperando que sean tenidas en cuenta y recogidas en el texto final de la Ley.
Si bien las organizaciones ecologistas ven como una oportunidad única la tramitación de una Ley de Economía Sostenible para impulsar el anunciado cambio de modelo productivo –haciendo de la sostenibilidad el eje fundamental de las políticas del Gobierno- consideran que el texto actual no responde a la necesidad de un cambio estructural de la economía para propiciar un giro real en las tendencias actuales que nos han llevado a una grave crisis económica y medioambiental, como muestran los impactos del cambio climático o la alarmante pérdida de biodiversidad.
Frente a la poca importancia dada a la sostenibilidad ambiental y, en cambio, la prioridad otorgada al crecimiento económico, obviando por completo el impacto que tienen las actividades económicas sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF entienden que una Ley de Economía Sostenible debería basarse en el respeto a los límites de los ecosistemas y alejar a nuestra sociedad de la obsesión por el crecimiento. Debería considerarse economía sostenible aquella:
- que rechace el crecimiento económico como un objetivo en sí mismo;
- que suponga una progresiva reducción de la explotación de recursos naturales, especialmentede los no renovables;
- que compatibilice la prosperidad y el bienestar social con la reducción de la huella ecológica y de la emisión de contaminantes, en particular los gases de efecto invernadero;
- que centre su modelo energético en la reducción del consumo, la eficiencia y en las fuentes renovables;
- que minimice la generación de residuos y que los gestione de forma que se puedan integrar en los sistemas naturales sin dañarlos;
que respete los principios de precaución y de quien contamina paga;
- y que establezca una auténtica política fiscal verde, premiando las iniciativas ambientalmente positivas al tiempo que desincentive las actividades de elevado impacto ambiental y de mayor consumo de recursos;
- en definitiva, que garantice el respeto al medio ambiente y la equidad social, de forma que puedan satisfacerse las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer el futuro ni de las próximas generaciones, ni del resto de especies que habitan el planeta.
Las medidas concretas que contempla el documento incluyen, entre otras:
- Incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre las ventas minoristas, equiparando los tipos impositivos entre gasolina y diésel. Así como eliminar todas las ventajas fiscales para los medios de transporte más contaminantes y favorecer a los más eficientes para apoyar un transporte más respetuoso con el medio ambiente.
- Establecer el compromiso de nuestro país de alcanzar un objetivo unilateral de reducción de gases de efecto invernadero para 2020 que vaya más allá del compromiso adquirido en el seno de la Unión Europea, y en, ningún caso, menos ambicioso que el marcado por el Protocolo de Kioto. En todo caso, este objetivo unilateral debe ser, como mínimo, equivalente en términos de reparto de esfuerzo, al objetivo de reducción de emisiones del 40% de la UE para 2020.
- Aplicar de forma estricta el principio de precaución respecto de tecnologías que no representan verdaderas soluciones al cambio climático, como los agrocombustibles insostenibles, la captura y almacenamiento de carbono o la energía nuclear, y condicionar el uso de los créditos de carbono al cumplimiento previo de los objetivos de reducciones internas.
- Fijar un objetivo claro de participación de las energías renovables de al menos un 30% de la energía primaria para 2020 y un 80% para 2050; y de al menos un 50% de la electricidad para 2020 y un 100% para 2050.
- Limitar a 30 años la vida útil de las centrales nucleares, eliminando cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de concesiones a las nucleares y contemplando que se puedan cerrar antes de lo previsto si hay suficientes energías renovables para sustituirlas.
- El compromiso de detener la ejecución del PEIT y las nuevas infraestructuras que estén en abierta contradicción con los objetivos de sostenibilidad que se plantean en la Ley de Economía Sostenible.
- Medidas concretas para fomentar los mercados locales frente a los globales para reducir la movilidad de las mercancías.
- Una Ley de Movilidad Sostenible que obligue a las autoridades competentes a poner en marcha Planes de Movilidad Sostenible cuyo objetivo sea reducir la necesidad de desplazamientos de los ciudadanos a la vez que se priorizan los medios de transporte colectivos y no notorizados frente a los más contaminantes.
- Nuevas medidas que incentiven el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la propiedad y la nueva construcción.
- Eliminar del texto la instauración del silencio administrativo positivo, que supondría una grave dejación de responsabilidad por parte de las administraciones públicas y la eliminación de un control preventivo que asegura, al menos, un menor impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente.
(1) Documento completo:
Propuestas ecologistas para una Ley de Economía REALMENTE Sostenible
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