Centrándonos en los principales sectores: Frutas y Hortalizas, Aceite de Oliva, Cereales y Ganadería, en este último año, se han perdido 1.223 millones de €, como consecuencia directa del hundimiento de los precios en origen.
En el sector de fruta y hortalizas, la caída de precios está provocando enormes pérdidas y poniendo en riesgo la continuidad del primer sector productor. En el sector del olivar, las pérdidas por caída de precios en la pasada campaña ha ascendido a 195 millones de €, solo en la Comunidad Autónoma Andaluza. En cuanto a los cereales, este año se ha repetido la situación de la campaña anterior, con una cotización inferior a la media histórica, lo que ha supuesto unas perdidas de 72 millones de euros €, únicamente en trigo. Finalmente, el sector ganadero, a pesar de una contención en los costes de las materias primas destinadas a la alimentación animal, y salvo excepciones puntuales, ha continuado con unos niveles en los precios en origen bajos, que amenazan la continuidad de miles de explotaciones.
Esta situación de crisis de precio generalizada está motiva por diversas razones. En primer lugar el poder que ostentan los grandes grupos de distribución, que están condicionando las relaciones comerciales con efectos negativos para los dos extremos de la cadena agroalimentaria: los agricultores y los consumidores. Así, presionan a la baja los precios de sus proveedores, lo cual se traslada de forma directa a los agricultores y al mismo tiempo imponen a los consumidores márgenes comerciales que no se justifican por el valor que añaden al producto. (El IPOD medio en lo que va de año se sitúa en el 450%, con productos que alcanzan hasta el 1.500% de diferencia entre el precio en origen y el precio en destino).
Por otro lado, las producciones mediterráneas tienen que competir con las procedentes de terceros países -donde los costes de producción, salariales y las cargas sociales y medioambientales distan mucho de las que se asumen en Europa-, que acceden a los mercados europeos en el marco de los Acuerdos Preferenciales que la UE suscribe con ellos (Marruecos, Turquía…), a cambio de abrir sus mercados a los bienes industriales europeos. Además, no se cumplen ni los contingentes establecidos ni los precios de entrada acordados.
Otro de los factores que nos han llevado a esta situación, es la liberalización de los mercados agrarios que está poniendo en mano de intereses especulativos la alimentación humana. Una manifestación de lo indicado es lo que ocurrió en la campaña de cereales 2007/08 en la que el precio se elevó en más de un 200%, situándose en niveles históricos, lo que provocó el abandono de un 30% de explotaciones ganaderas al no poder compensar el sobrecoste de la alimentación de sus animales. Ese incremento no obedecía a razones de una mayor demanda o una menor producción, sino a las maniobras especulativas, como lo pone de manifiesto el que en las sucesivas campañas, manteniéndose similares niveles de producción y demanda, el precio al productor se ha hundido por debajo de la media histórica.
Por ello, cabe considerar que la presidencia Española de la UE es una oportunidad para diseñar una nueva Política Agraria Comunitaria que recupere los mecanismos de regulación de los mercados en beneficio tanto del mantenimiento del sector productor como del consumidor, estabilizando los mercados.
Así mismo, es preciso restablecer el principio de preferencia comunitaria que asegure unos niveles de producción propia razonables y compatibles, con intercambios comerciales con otros países, además del establecimiento de mecanismos eficientes en el control de las importaciones, que garanticen una competencia justa que exija a los productos importados los mismos requisitos que se imponen a los nuestros.
COAG entiende que es necesario cambiar la concepción fundamentalista del mercado, por un escenario que garantice unas relaciones comerciales equilibradas y una formación de precios realmente libre y justa. Para conseguirlo, es importante que se configure un nuevo modelo de interprofesional que incorpore a las cadenas de distribución y a los consumidores, y que disponga de facultades para la negociación colectiva de las condiciones de comercialización de los productos en origen. Los intentos realizados hasta la fecha no han funcionado, porque se sigue considerando tabú hablar de precios y eso condena al fracaso los posibles acuerdos, como ha ocurrido en el sector lácteo. La solución pasa por la puesta en marcha de contratos tipo homologados en los que se establezcan índices relativos a los costes de producción que sirvan de umbral para la fijación de los precios.
En este sentido, el debate sobre el futuro de la PAC no debe reducirse al mantenimiento de un presupuesto, sino a garantizar unas reglas de mercado que permitan una retribución justa al valor del producto agrario, pues, las ayudas de la PAC tan sólo representan el 13 % de la renta agraria y, como hemos visto, en una campaña se pierde más por causa de una crisis de precios que lo que se percibe por vía de ayudas de la PAC.
En consecuencia, ante la dramática situación del sector, COAG trasladará al Presidente Zapatero la necesidad de poner en marcha de forma urgente un plan de rescate al sector, como ha realizado con otros sectores productivos, y el compromiso de defensa de los planteamientos indicados en relación con la PAC y el mercado de los productos agrarios.
JDM
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