La propuesta para la reforma de la Política Agraria Común, desde su reciente presentación oficial, está constituyendo el principal motivo de preocupación y debate en medios agrarios y en el conjunto de las administraciones, desde el Ministerio de Medio Ambiente, con su titular Rosa Aguilar a la cabeza, a las comunidades autónomas. A las posiciones duras contra su contenido de las organizaciones agrarias asociando la misma con el estrangulamiento, asfixia, desactivación de los productores y su propia desaparición, se sumaron en su totalidad los gobiernos regionales.
El sector agrario había puesto el listón muy alto en sus críticas. Pero, a unos días de las elecciones generales, al margen de las posiciones más equilibradas sobre la misma que se detectan fácilmente entre expertos y algunos altos cargos de la propia Administración agraria, nadie se ha querido quedar atrás en sus críticas. Y, a la cabeza de ese movimiento reivindicativo y de protesta, se ha situado la propia ministra Rosa Aguilar poniendo por delante, no una bandera de negociación en Bruselas, sino un "no vamos a consentir (esta reforma) de ninguna de las maneras", junto con una oposición que no quiere perder la ocasión para estar pegados al campo.
Se trata de una propuesta que no es como para tirar cohetes, si por ello se entiende una magnanimidad en los fondos y, más importante todavía, la posibilidad de disponer de mecanismos para la regulación de los mercados, algo especialmente importante y grave en España dado el escaso desarrollo de las estructuras organizativas de la oferta. Pero, de igual forma, tampoco se puede ver en la misma el apocalipsis y el fin de las explotaciones agrarias.
Desde la perspectiva de los recursos globales, se trata de una congelación de fondos al año 2011, aspecto negativo, pero que el sector agrario sufre ya hace décadas desde que se aplicaron los pagos directos para los que nunca se contempló la inflación. Numerosos países ven un presupuesto agrario alto y no parece político ahondar en esa batalla, sobre todo cuando los grandes perceptores no lo hacen. En lo que afecta a los fondos asignados a España, son también unas cifras ligeramente por debajo de los 5.530 millones pagados en el ejercicio anterior en concepto de ayudas directas.
En ambos casos son partidas que han recibido una valoración muy diferente por parte de la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, a medida que se acercaban las elecciones. El 30 de junio pasado, valoraba las propuestas de una forma muy positiva "porque mantenía la financiación en 386.000 millones". Con las elecciones ya convocadas, el 13 de septiembre señalaba en el Senado que eran unos recursos insuficientes y, finalmente el pasado 12 de octubre, enarbolaba la bandera sindical para proponer una enmienda a la totalidad abogando por rechazar la misma en Bruselas de forma "plena, total y frontal con una voz unánime y potente, con uñas y dientes y sin dar un solo paso atrás".
Es cierto que la propuesta mantiene los fondos congelados y no es lo mejor que podía pasar al sector; que las exigencias que plantean la política de verdeo son irreales; que la definición de activos como perceptores prioritarios de las ayuda es decepcionante al ser como una autopista donde no se excluye a nadie, salvo a empresas terratenientes como AENA, RENFE o alguna eléctrica.
Aborda el cambio profundo del sistema al acabar con los pagos por rendimientos o derechos históricos, que también tenía sus detractores. Este sistema supone grandes diferencias entre cultivos o en un mismo sector y el objetivo es acercar más a la media el volumen de los pagos con una política de regionalización que debe adoptar cada Estado en base a criterios agronómicos administrativos, institucionales o económicos, desde la objetividad y no discriminación, y no tiene por qué ser por comunidades autónomas.
En la redistribución de ese sobre regional habrá unos perceptores actuales que verán reducidas sus ayudas y otros mejorarán sus ingresos. Pero, lo que parece evidente es que, frente a una demagogia fácil, ni lo tojales en Galicia van a cobrar ayudas como un prado labrado, ni los eriales, baldíos o dehesas como superficies de regadío.
La propuesta de reforma, a partir del sobre nacional, es importante, deja un amplio margen de maniobra a cada uno de los Estados miembros para llevar a cabo esa redistribución de recursos vía superficies. Ahora toca el debate para establecer esos criterios de reparto en temas claves como, por ejemplo, la consideración de hectáreas elegibles a las que asignar fondos, unos 24,5 millones frente a solo 16 millones de derechos. Sector, Administración central y comunidades autónomas tienen en sus manos el trabajo y la responsabilidad de que esos fondos sigan sirviendo para apoyar la actividad productiva en el sector agrario.
No es una propuesta para quemar íntegramente en la hoguera, sino para mejorar, sobre todo en la gestión de los mercados, que parece una cuestión oscurecida por el montante y la distribución de las ayudas, que suponen menos del 30% de los ingresos medios de una explotación frente al 70% de los mercados. Es otro modelo de ayudas que no tiene por qué ser peor que el actual. Que sea un desastre o una reforma aceptable dependerá de lo que debatan y decidan el sector y el conjunto de las administraciones. Y, fuera de campañas electorales."
Artículo preparado a partir de un trabajo de Vidal Maté.
JDM
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