2.5.2008.
Por: Jesús Domingo
Después de que Francia informase a la Unión Europea de la detección de una partida contaminada de aceite de girasol procedente de Ucrania que ha entrado en varios estados comunitarios, saltaron las alarmas en el Ministerio de Sanidad.
Crónica de un desproposito. El pasado día 25, después de que Francia informase a la Unión Europea de la detección de una partida contaminada de aceite de girasol procedente de Ucrania que ha entrado en varios estados comunitarios, saltaron las alarmas en el Ministerio de Sanidad. Ante la imposibilidad de detectar con rapidez los lotes procedentes del país caucásico, el Ministerio de Sanidad -a través de la Agencia de Seguridad Alimentaria- decidió adoptar el principio de precaución y desaconsejar a la población el consumo de este producto, que fue retirado de los estantes de las principales cadenas comerciales.
Y es que Francia notificó a través de la Red de Alerta Comunitaria que aceite procedente de Ucrania presentaba contaminación por hidrocarburos alifáticos procedentes de aceites minerales. Francia ha informado de que el aceite se ha distribuido a la mayoría de países de la Unión Europea, entre ellos, España.
La Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) difundió esta información por la red de alerta a todas las Comunidades Autónomas. La AESAN afirmaba que si lo han consumido, no debe preocuparse porque los procesos de refinado y dilución del aceite sitúan la contaminación en niveles mínimos, lo que significa una baja exposición y la ausencia de riesgo para la salud. Si no lo ha consumido pero lo tiene en su domicilio, reténgalo sin consumirlo, hasta que se informe acerca de las marcas que pueden utilizarse sin reserva alguna. Es curioso y no sabemos cual fue el motivo por el que España ha sido el único país, de los otros cuatro afectados de la Unión Europea (Francia, Holanda, Reino Unido o Italia) que ha pedido a su población no consumir aceite de girasol, sin dejar de insistir en que el riesgo para la salud es mínimo. Una decisión que ha provocado una oleada de críticas desde las organizaciones de consumidores, agricultores y productores.
Tras 2 días en los que habían recomendado no consumirlo, levantaron la restricción y afirmaron que todo el aceite que está en los estantes "no procede de Ucrania", lugar de origen de la partida contaminada. Como es de esperar, las OPAS critican la gestión de la crisis.
Eso sí, El Ministerio defiende que ha actuado "en todo momento" con el único objetivo de "la protección de la salud de los consumidores por encima de cualquier otro interés y bajo el estricto principio de precaución". Faltaría menos.
En esta medida son dos los factores principales que precisan una reflexión.
En primer lugar hay que meditar si era necesario sembrar la alarma ante la población a la vez que el propio Gobierno mantenía que no había riesgo real para la salud pública. El mensaje ha sido contradictorio y el daño para los productores españoles de este tipo de aceite se antoja probable, así como para algunas marcas que ponen a la venta en exclusiva producto nacional, cuya salubridad está fuera de toda duda.
En segundo término habrá que conocer las causas por las que era imposible el mismo viernes localizar las marcas con aceite ucraniano y su lugar de venta. ¿Ha fallado el sistema de trazabilidad? Claramente sí. En algún punto de la cadena se han dispersado los lotes y han salido del registro al que deberían estar sometidos desde el origen hasta que llegan al consumidor final. Y por tanto, hay que mejorar el sistema a la vez que depurar posibles responsabilidades empresariales y políticas.
Ante este despropósito, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado, se vio obligado a poner de manifiesto "el estupor que produce el tratamiento dado por el Gobierno a la introducción, e incluso el consumo de parte de aceite de girasol contaminado en la cadena alimentaria española y la actuación llevada a cabo por el Ejecutivo, primero, prohibiendo la venta de todo aceite de girasol y, después el posterior levantamiento de esta medida". "No es de recibo, decía el mismo portavoz, que un país como España, que tiene una Agencia de Seguridad Alimentaria que depende del Ministerio de Sanidad y del antiguo Ministerio de Agricultura –hoy Ministerio de los Medios-, permita la introducción de mas de 12 millones de litros de aceite crudo de girasol en su cadena alimentaria". "Se percibe improvisación gubernamental, seguía diciendo, mala información, lentitud, descoordinación y una alarma que, aparentemente, tiene mas de afán de protagonismo que intención de solucionar la situación".
Y es que hay para preguntarse: ¿Que ejemplo da el Gobierno exigiendo a los productores y a la industria aceitera española altos requisitos de trazabilidad y calidad si luego llega al consumo español aceite del exterior que no cumple con los mínimos requisitos para su uso? ¿Cómo ha podido llegar a consumirse un producto que si hubiera sido más peligroso hubiera producido unos daños inimaginables sobre la salud de muchos españoles? En última instancia, el portavoz popular ha aseguró que también habría que preguntarle al Gobierno, quién va a compensar a los productores de aceite de girasol nacional, que elaboran y comercializan aceite en buenas condiciones, y se ven envueltos en una prohibición de la comercialización de su producto y, expuestos a una crisis de mercado de efectos desconocidos, lo que sin lugar a dudas, les va a producir perdidas económicas.
"El Gobierno no puede escurrir el bulto y buscar justificaciones como el que "ha sido una intervención rápida y eficaz" y trasladar responsabilidades a otros. Tiene que reconocer que ha habido negligencia, que se les han "colado" miles de toneladas de aceite contaminado, que se ha consumido y comercializado, que no le han funcionado la red de alertas nacionales, que los Ministerios de Medios y Sanidad han sido ineficaces y con sus mensajes, más que tranquilidad, han trasmitido temor y pánico ante la comercialización en nuestro país alimentos de dudosa calidad", finalizaba Pérez Lapazarán.
COAG, manifiesta que viene denunciando reiteradamente las insuficientes garantías y controles que se realizan en frontera, que se limitan en muchos casos a certificados de calidad expedidos en los países de origen, que ofrecen poca o ninguna garantía, contrastando con las enormes exigencias de trazabilidad y condicionalidad a los que se somete a las producciones y a los agricultores en nuestro país y confirma que tanto la producción de pipa como el aceite de girasol español cumplen con todas las garantías sanitarias, por lo que COAG no tolerará ningún juego especulativo que pretenda aprovechar la coyuntura actual para bajar el precio a los cultivadores.
Tres días después, Soria (Ministro de Sanidad) garantiza la seguridad del aceite de 200 de las 800 marcas que comercializan aceite de girasol en España, dejando así bajo sospecha a otras 600. A pesar de ello da por concluida la alerta alimentaria porque "no existe riesgo para la salud". Con este anuncio, hecho en rueda de prensa, el Gobierno vuelve a las contradicciones y trata de cerrar en falso la crisis del aceite de girasol cuya gestión ha provocado críticas unánimes desde todos los sectores: agricultores, distribuidores y consumidores. Y es que si el viernes el Gobierno recomendaba no consumir a la vez que negaba que hubiera peligro para la salud, el lunes, el ministro
Soria volvió a dejar nuevas incertidumbres afirmar que todo el aceite de girasol disponible en el mercado es "seguro para la salud", aunque sólo ofreció garantías para 200 de las 800 marcas que se comercializan en España. "El criterio ha sido proteger la salud de los ciudadanos, y España ha sido el país europeo que se ha adelantado", aseveró, e insistió en que, "en la peor de las situaciones", este aceite está seis veces por debajo de la concentración que supone riesgos para la salud, al contener entre 50 y 150 partes tóxicas de hidrocarburos por millón. Todo un plan propagandístico sin fundamento En la misma rueda de prensa, el presidente de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), Félix Lobo, se salió "del tiesto" al perder la paciencia ante preguntas más que evidentes, que ni él ni el ministro de Sanidad, Bernat Soria, respondieron, como ¿cuáles son las marcas que han vendido las partidas afectadas? o ¿en que comunidades autónomas se han comercializado? Hay que tener en cuenta que en España 800 marcas comercializan aceite de girasol y sólo 200 han sido ya consideradas fuera de peligro.
Finalmente y ante la petición de los periodistas de que informara sobre "¿qué pasa con las 600 marcas restantes?", Lobo aseveró: "no estamos aquí para satisfacer curiosidades de los periodistas". Hasta dentro de dos o tres semanas no se emitirá "una lista fiable de los productos no conformes, que pudieran dar toxicidad" y reconoció que "pueden quedar flecos" en el vaciado sanitario. No cabe duda que la frivolidad con la que está tratando el asunto de las partidas de aceite de girasol contaminado está perjudicando tanto al productor como al consumidor, así como a toda la cadena de valor.
El cúmulo de contradicciones e incoherencias acumuladas por el Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, desde que se detectaran las partidas de aceite de girasol contaminado procedentes de Ucrania el pasado viernes es impropia para una persona que ostenta un cargo en algo tan delicado como es la seguridad alimentaria, decían desde ASAJA al tiempo que pedían su dimisión.
Por tanto, se puede concluir que el Gobierno se ha visto obligado a adoptar el principio de precaución por la falta de previsión y diligencia previa. De forma que es exigible que compense a aquella parte de la cadena que se verá perjudicada sin haber tenido nada que ver con la crisis ya que el consumidor siempre tarda en retomar el hábito de consumo de un producto después de un problema como este, y es posible que en este caso aún más porque siguen presentes en la memoria colectiva las consecuencias de la contaminación por aceite de colza.
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