28.5.2008.
Las recientes lluvias en la Ciudad Condal hacen claramente obsoletas las normas dictadas para la emergencia de abastecimiento. Así lo entiende el Gobierno Aragonés que solicitará la suspensión cautelar de la obra al haber finalizado la emergencia que justificó su aprobación.
El Gobierno de Aragón inicia la vía judicial para frenar la infraestructura de abastecimiento a Barcelona desde Tarragona El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el inicio de acciones legales contra todos los actos administrativos dimanantes del Real Decreto Ley de medidas excepcionales de abastecimiento de Barcelona del 21 de abril y contra el Decreto de adopción de medidas excepcionales y de emergencia en relación con la utilización de los recursos hídricos del pasado 15 de mayo, aprobado por la Generalitat de Catalunya. Estas dos vías de contencioso se suman a las acciones emprendidas contra el propio real decreto ley ante el Tribunal Constitucional aprobadas recientemente por el ejecutivo regional aragonés y con las que se pretende frenar la construcción de la infraestructura hidráulica que prevé la conexión de las cuencas internas de Cataluña con las tierras bajas de Tarragona, receptoras del minitrasvase del Ebro. Las recientes lluvias registradas en Cataluña han provocado un espectacular crecimiento de las reservas hídricas de las Cuencas Internas de Cataluña que esta mañana registraban un índice del 44% en el sistema Ter-Llobegrat que abastece al área metropolitana de Barcelona. El Gobierno aragonés entiende que los 270 hectómetros cúbicos de los que dispone Barcelona justifican el fin de la emergencia, motivo que deja sin cobertura legal el real decreto ley que en su disposición adicional contemplaba como causa de suspensión de las medidas excepcionales la entrada en funcionamiento de la desaladora del Prat, prevista para dentro de un año, o la finalización de la emergencia, como ha sucedido. En su comparecencia ante los medios de comunicación posterior a la celebración del Consejo de Gobierno, el vicepresidente y portavoz del ejecutivo, José Ángel Biel, ha destacado que Barcelona cuenta con el doble de reserva hídrica que cuando se promulgó el decreto ley y que cuenta con una cantidad suficiente para garantizar el suministro de Barcelona hasta la entrada en funcionamiento de la desaladora que cubrirá el posible déficit de la cuenca. Biel ha informado que se ha encargado a los servicios jurídicos del ejecutivo el inicio de todas las acciones legales necesarias para frenar la construcción de la tubería y que se solicitará la suspensión cautelar de la obra al no existir ya motivos de urgencia, lo que deja sin cobertura legal el decreto ley y, consecuentemente, todos los actos que se realicen al amparo de dicho decreto ley son ilegales . El vicepresidente ha anunciado que se recurrirá el convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Generalitat, la posterior adjudicación de la obra y todos los posteriores actos administrativos que se realicen en los próximos días, como las expropiaciones previstas. Por otra parte, el Gobierno de Aragón también recurrirá el decreto de la Generalitat del pasado quince de mayo en el que modifica los criterios fijados en un decreto anterior, de 2007, para determinar el nivel de emergencia y alerta de las cuencas que ahora se basan en criterios cuestionables y poco objetivos. Biel ha señalado que es evidente que ese decreto afecta a los derechos de las personas por lo que debería contar con el preceptivo informe de la Comisión Jurídica Asesora, algo que no nos consta que se haya hecho . El portavoz del gobierno aragonés ha insistido en la subjetividad con la que el ejecutivo catalán ha variado dichos criterios para negar la evidencia de que ha finalizado la emergencia que justificó la aprobación del decreto ley .
En los próximos días solicitará la suspensión cautelar de la obra al haber finalizado la emergencia que justificó su aprobación
Ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central y de la Generalitat al reciente requerimiento del Gobierno de Aragón para que se reconozca el fin de la emergencia que justificó la aprobación por vía de urgencia del decreto ley, el ejecutivo aragonés entiende que es necesario emprender acciones judiciales.
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