Precios justos en el sector agrario. ¿Por qué no se cambia la ley?

Ha faltado tiempo desde el anuncio de la posibilidad, ante la imperiosa necesidad, de que los agricultores y ganaderos tengan precios justos para poder continuar la producción y, por tanto, la conveniencia de negociación con la gran distribución, para que la Comisión Nacional de la Competencia haya dado un nuevo varapalo al sector agroalimentario. Esta vez no es en forma de multas, sino con una dura advertencia al Gobierno y a los agricultores y ganaderos.

 

 

Es evidente el desequilibrio en la cadena alimentaria, en la que pocas empresas de gran distribución se abastecen de cientos de miles de productores que, por tanto, están muy limitados a la hora de negociar los precios, más teniendo en cuenta la competencia de alimentos de otras zonas del mundo con menos costes de producción. Esto ha provocado una importante caída de las cotizaciones en origen y está llevando a la ruina a muchos agricultores y no pocas empresas transformadoras.

 

Para evitar que se vaya a pique el tejido productivo, tanto España como otros países europeos buscan las vueltas a las leyes para tratar de que haya precios mínimos en algunos sectores agroganaderos a la vez que amenazan de forma directa –Sarkozy- o velada –Josep Puxeu- a la gran distribución para que paguen precios más justos.

 

Competencia ha salido al paso para advertir que, aunque esté el Gobierno de por medio, no permitirá pactos de precios mínimos bajo ningún concepto. Se limita, claro, a hacer cumplir la normativa. Pero, ¿por qué en vez de buscarle vueltas a la misma los gobiernos europeos no cambian las leyes para evitar que, en nombre del libremercado, se arruine a miles de empresas y explotaciones agrarias? ¿Esperaran a que no queden agricultores ni ganaderos para cambiar la ley? Tal vez no sea la primera vez que esto pasa.

 

JDM