La justicia se politiza y deja desprotegidos a los agricultores que plantan maiz modificado genéticamente.

A Albert Ferré se le acusaba de participar en la destrucción de un campo experimental de maíz de la Generalitat de Cataluña, tras una manifestación de la “Plataforma Transgénicos Fuera” el fiscal pidió una multa de 500.000 €. Se retiró la demanda.

Han dejado sin protección


Alrededor del 20 de Octubre se debía celebrar en Lérida el primer juicio que tendría lugar en nuestro país contra un activista antitransgénicos. A Albert Ferré se le acusaba de participar en la destrucción de un campo experimental de maíz transgénico, propiedad de la Generalitat de Cataluña, tras una manifestación de la “Plataforma Transgénicos Fuera”. El fiscal pedía una multa de 500.000 euros.

Este tipo de asuntos en un Estado de Derecho son evidentes: si un juez le considera culpable, que se le condene a la multa correspondiente; si no halla pruebas irrefutables le absolverá. Auténtica perogrullada que no debería siquiera recordarse si no fuera porque la Plataforma Rural –formada, entre otros, por Greenpeace, Ecologistas en Acción, COAG o la Sociedad Española de Agricultura Ecológica- se ha apresurado a “mostrar su apoyo a Ferré” y a denunciar la “persecución del movimiento antitransgénico”. Esta presión ha obligado a que el IRTA, dependiente de la Administración Catalana, retirara la demanda el mismo día de la vista de juicio.

El apoyo moral es humano y es loable que se le ofrezca, lo que parece menos comprensivo es que se mezclen churras con merinas tratando de hacer pasar la actuación de los cuerpos de seguridad y del sistema judicial como parte de una lucha contra los que se oponen al cultivo de transgénicos.

Está probado que la explotación se arrasó y es a todas luces claro que esta es una acción ilegal, exactamente igual que arrasar la casa de un vecino que sabemos que contrata ilegales o la panadería de quien evade impuestos. Por ello debería recaer sobre los culpables el peso de la ley.

Más allá de eso, el debate transgénicos sí o no -interesante y necesario para proteger a los campos y a los consumidores- se debe resolver como los demás: con fundamentos científicos, discusiones políticas, actuación de movimientos sociales y, llegado el caso, en los tribunales.

De lo contrario una “buena causa” daría carta libre para usar la fuerza bruta y provocar destrozos a cualquier ciudadano, es decir, volvemos milenios atrás, a la ley del más fuerte, en lugar de acudir a los medios que la democracia nos ofrece y que hay que proteger a toda costa, porque en ellos se asientan nuestros derechos y deberes y, en último término, nuestra libertad. Y es que una vez más se demuestra que hay fines que no justifican cualquier medio. Aunque como en este caso se salgan con la suya, tal vez la coincidencia del juicio con la campaña electoral en Cataluña haya sido la causa de que la Administración de justicia haya dejado sin protección a los agricultores que piensen utilizar la biotecnología.

Jesús Domingo Martínez